Por Sergio Paz Murga

Si no hubiera sido por la enorme distancia el grito “independencia ya” se habría escuchado hasta Madrid, a la misma oficina del presidente del gobierno español Mariano Rajoy, y más allá, al palacio de la Zarzuela, donde vive el rey.

Según testigos en la zona, ese era el objetivo: que las autoridades centrales en la capital escuchen días atrás el reclamo no de miles, sino de millones de catalanes que exigen un Estado propio y soberano.

La manifestación, que celebró el día nacional de Cataluña, la Diada, recorrió las principales calles de Barcelona y fue seguida muy de cerca por Arturo Mas, el presidente de la autoridad autónoma catalana, al que algunos califican de “extremista”.

“Creo que hemos ofrecido al mundo y a Europa la imagen de la mejor Cataluña con un mensaje muy potente, de anhelo de libertad y de querer ser un pueblo normal entre los otros países”, dijo Mas.

Para nadie es desconocido que Cataluña es una región “rebelde” de España y que por siglos ha pedido su independencia de Madrid, amparados en lo que ellos llaman el derecho de la “nación catalana”, pero la marcha de esta semana surgió más por reivindicaciones económicas que políticas.

España vive desde hace dos años una crisis económica, la más grave de su historia moderna, y han sido las regiones autónomas más grandes las que más se han ajustado los cinturones en aras de mantener el déficit fiscal controlado.

A pesar de estar bajo una estricta disciplina fiscal el gobierno de Mariano Rajoy informó que las comunidades autónomas cerraron la primera mitad del ejercicio con un déficit del 0.93% del PIB cuando el límite es 1.5%. Cataluña ya superó el 1% y está al filo del abismo.

En un país con un déficit nacional superior al 6% –cuando el límite permitido en la Unión Europea es de 3.5%– y una tasa de paro del 25%, el gobierno central prepara ya nuevas medidas de recortes.

“El objetivo estipulado por el gobierno español (5.3% este año y 3% para el próximo) debería estar al alcance, pero a estas alturas se prevén desviaciones en los gobiernos autónomos”, dijo semanas atrás Olli Rehn, vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Asuntos Económicos y Monetarios.

Según analistas, Rajoy está con una fuerte presión de la UE para alcanzar esos números y más aun si desea pedir en un futuro próximo un programa de rescate que sanee la economía española, tal como se hizo con la banca que recibió más de 100,000 millones de euros.

El gran problema es que los catalanes están indignados porque cumplir con la UE supone asfixiar aún más su economía local y han denunciado una “injusticia fiscal”.

“El problema de la relación fiscal de España con Cataluña no es que los catalanes paguen más impuestos que los demás. Pagan los que les toca y al ser más ricos pagan más. Y no es que reciban menos pensiones o menos subsidios de paro. Reciben los que le tocan. El sentimiento de discriminación está en las inversiones del Estado en Cataluña”, manifiesta el economista Xavier Sala i Martin.

Según cálculos de expertos independientes, de 100 euros que salen de Cataluña – cuya economía es mayor que la de Portugal y representa un 20% de la producción total de España– solo vuelven 45 euros.

Para un sector extremista del nacionalismo catalán, dominado por Convergència i Unió (CiU), este “maltrato fiscal” estaría subsanado si se logra la independencia. Piensan que la salida de España haría de Cataluña un motor económico capaz de lograr en el plazo de tres años un superávit.

Números en rojo

Pero la realidad es más complicada de lo que parece. Expertos, entre ellos economistas catalanes, reconocen que la independencia tendría consecuencias funestas y empobrecería en un 20% a Cataluña.

Su renta per capita –actualmente muy superior a la media española y de la UE– bajaría hasta niveles similares a los de Chipre.

Para Mikel Buesa, un economista consultado por el diario ABC, Cataluña pasaría a ser un país independiente fuera de la UE y del euro; mientras sus fronteras con España y con el resto de socios europeos afectarían a más del 80% de sus flujos comerciales –que en la actualidad dependen mayoritariamente del mercado español–.

Además, habría unos sobrecostes arancelarios que reducirían seriamente la competitividad de los productos y servicios catalanes y, por si fuera poco, habría una fuga de capitales y de empresas hacia España para no verse perjudicadas por la nueva situación económica generada por la independencia.

Una situación que Cataluña no podría soportar teniendo en cuenta que hoy es la región más endeudada de España con 42,000 millones de euros.

El próximo 20 de setiembre Mas se reunirá con Rajoy para plantearle un pacto fiscal aprobado por el Parlamento catalán en julio para implantar un nuevo sistema de financiación para Cataluña que controle sus propios impuestos –tal como lo hace el País Vasco–.

Pero se espera que el presidente español la rechace pues ideológicamente se opone a darle mayor autonomía a los catalanes y, más aun, cuando ellos ponen en duda la “sagrada unidad española”.

De suceder, Mas podría convocar a unas elecciones anticipadas con sabor a referéndum en la que se pregunte por la independencia. Un camino, como ya hemos visto, que solo llevaría a la pobreza a los catalanes y a una grave crisis constitucional en España que pondría fin a ese Estado plurinacional que se fundó después de la dictadura franquista. El panorama parece de pronóstico reservado.